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Los abogados de Ignacio Huertas y Maximiliano Alcón recurren ante la Audiencia Provincial la prisión provisional

El secretario general de UPA reivindica una vez más la “inmediata” puesta en libertad de los dirigentes agrarios y asegura que la prisión de ambos dirigentes “es un modo de tortura injustificada”.

26 enero 2017

Los abogados de los dirigentes de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas y Maximiliano Alcón, han recurrido ante la Audiencia Provincial la prisión provisional decretada para ambos por la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Mérida que investiga el presunto fraude enmarcado en la operación 'Tellus'.

Así lo ha señalado esta mañana, a preguntas de AgroExtremadura, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, durante una comparecencia de prensa desarrollada en la Institución Ferial de Extremadura FEVAL, de Don Benito, con motivo de su visita al stand que tiene UPA-UCE Extremadura en AGROEXPO.

Lorenzo Ramos se ha mostrado convencido, una vez más, de la inocencia de los dirigentes Ignacio Huertas y Maxi Alcón y ha calificado su permanencia en prisión como un “modo de tortura injustificada para ellos, sus familias y sus compañeros” y ha reivindicado, también una vez más, su “inmediata” puesta en libertad.

Ramos ha reiterado que “los graves errores que contiene la instrucción policial, el informe aportado por la Junta de Extremadura a petición del juzgado y las declaraciones de acusados y testigos no hacen sino reforzar la inocencia de Huertas y Alcón y demostrar que UPA-UCE prestó adecuadamente el servicio de asesoramiento conforme a los requerimientos establecidos por la administración competente sin vulnerar ningún precepto”.

Por ello ha añadido que “la continuidad en la aplicación de una medida absolutamente excepcional, como es la privación de libertad, a dos personas que son inocentes, es un modo de tortura injustificado e innecesario y se ha mostrado convencido de que si su apellido fuera Pujol, habrían quedado en libertad hace ya mucho tiempo”.

Errores en la instrucción

“No pretendemos que no se investigue, ya que hemos dicho y reiteramos que colaboraremos al máximo con la justicia, pero tampoco queremos que nuestros compañeros sean rehenes de una instrucción que contiene graves errores y que ignora el informe aportado por la Junta de Extremadura, ni que se obvien la presunción de inocencia y el derecho fundamental a la libertad, que el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que debe prevalecer”, ha señalado.

El responsable nacional de la organización agraria considera que “no existen” los supuestos legales para mantener a sus compañeros en prisión “porque ni tienen capacidad para destruir pruebas, ya que todas están en poder de la instrucción o de organismos oficiales, ni tienen la capacidad que se les supone para influir sobre testigos o nuevas prácticas de la instrucción”. Al respecto ha señalado incluso que algunos de los testigos que se han llamado a declarar “ya ni siquiera son trabajadores de UPA-UCE”.

El Secretario General de UPA se ha preguntado si el mantenimiento de la prisión provisional de Huertas y Alcón responde al cuestionamiento de la credibilidad y veracidad del informe aportado por la Junta de Extremadura sobre las ayudas de asesoramiento, informe que, como ha recordado Ramos, “ratifica como correcto el trabajo de asesoramiento llevado a cabo por UPA-UCE”. “¿Acaso se está sugiriendo indirectamente que ha existido prevaricación por parte de funcionarios públicos en la elaboración y el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura?”, ha preguntado.

Falta de agilidad

Lorenzo Ramos también ha criticado la falta de agilización de la instrucción ya que, según ha asegurado, “el juzgado no ha tomado declaración a ningún testigo ni acusado entre el 19 de diciembre y el 24 de enero”. En este sentido ha añadido que, si se pretende seguir tomando declaración a un ritmo de 2 personas al día de lunes a jueves y tienen que pasar por el juzgado 1.800 agricultores, “la supuesta agilización del proceso supondría que la instrucción se prolongaría al menos 225 semanas más, es decir, más de 4 años ¿es eso agilizar el proceso? ¿Acaso se pretende mantener una medida excepcional como la prisión preventiva hasta la finalización de la instrucción?”.

Por otra parte, el secretario general de UPA ha señalado, ante la proximidad de las elecciones al campo, que “sería un nuevo despropósito y la privación de un derecho fundamental, que Ignacio Huertas no pudiera ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones al campo por estar en prisión siendo inocente, sin que pese sobre él ningún tipo de inhabilitación ni condena alguna en un juicio justo”.

Finalmente, Lorenzo Ramos ha manifestado que la libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón es una cuestión de “justicia” en este momento procesal, que es además perfectamente compatible con el desarrollo de la instrucción judicial en la que, ha reiterado una vez más, “UPA-UCE colaborará sin restricciones”. Respecto a la puesta en libertad de ambos dirigentes agrarios, se ha mostrado convencido de que las instancias judiciales superiores ante las que las defensas han presentado recurso valorarán las circunstancias y documentos obrantes en la instrucción y la prioridad de los derechos fundamentales a proteger y acordarán la puesta en libertad de los dirigentes de UPA-UCE.

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