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vicente ferrer
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UPA-UCE plantea controlar las importaciones y una IGP para devolver la rentabilidad al cultivo del arroz

La organización agraria reclama que se diferencie el arroz extremeño por su calidad con respecto a otros arroces de dentro y fuera de Europa y pide que se ponga en marcha una ley de transparencia en el etiquetado y la creación de una Indicación Geográfica Protegida para el arroz extremeño.

05 marzo 2017

UPA-UCE Extremadura reivindica que se garanticen unos precios justos a los productores de arroz, un mayor control de las importaciones de terceros países y medidas para diferenciar la calidad del arroz producido en Extremadura.

Estas son algunas de las medidas que plantea la organización agraria para intentar devolver la rentabilidad al cultivo del arroz tras años de “precios ruinosos” y el incremento “desmesurado” de los costes de producción, circunstancias que, según asegura en una nota de prensa, “amenazan” el futuro de un sector “fundamental”.

En concreto, UPA-UCE destaca que el cultivo del arroz es “estratégico” para el regadío de la región ya que ocupa una superficie de más de 24.00 hectáreas. Sin embargo, los productores encadenan años de descensos en los precios que “amenazan” la viabilidad de este cultivo pese a los “esfuerzos” de los arroceros.

El pasado jueves 2 de marzo, la organización reunió a productores y técnicos del sector en una jornada en Zurbarán para analizar el presente y el futuro de este cultivo. Sobre los precios, la organización profesional agraria culpa a las importaciones “masivas” de terceros países y al “oligopolio” de la industria como principales responsables de esto.

Asimismo, la subida de los costes de producción, especialmente debido a la resistencia de las plagas y enfermedades ante la “escasa efectividad” de los tratamientos fitosanitarios disponibles debido a que están prohibidos por Bruselas, merman “considerablemente” la rentabilidad de las explotaciones.

Medidas

Por ello, UPA-UCE considera que es necesario articular medidas para “evitar la desaparición del cultivo”. En primer lugar propone la aplicación de la Cláusula de Salvaguardia durante el periodo de comercialización del producto. “En la UE consumimos más arroz del que producimos, por lo que no se entiende que los arroceros se arruinen cuando el mercado demanda nuestro producto”, incide.

Asimismo, exige un estricto control de las producciones que vienen de terceros países para garantizar que no utilicen productos fitosanitarios que están prohibidos en la UE. “Necesitamos que se garantice la seguridad alimentaria de los consumidores europeos”.

Por último, UPA-UCE demanda que se diferencie el arroz extremeño por su calidad con respecto a otros arroces de dentro y fuera de Europa. “Necesitamos que se ponga en marcha una Ley de transparencia en el etiquetado que identifique el origen y los mecanismos de producción”, indica. En este sentido, añade que es necesario dotar de “mayor transparencia” porque el consumidor en muchas ocasiones “no sabe de dónde procede lo que está comprando ni tampoco en qué condiciones se ha producido”. Asimismo, UPA-UCE asegura que la acreditación de la calidad de nuestros productos es una “asignatura pendiente de nuestro campo”, por lo que reivindica la creación de una IGP (Indicación Geográfica Protegida) para el arroz extremeño. 

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