AgroExtremadura
vicente ferrer
Andalucia

Ordenan el embargo de bienes de los dirigentes de UPA-UCE

La organización agraria recurrirá la orden judicial enmarcada en un presunto fraude que habría cometido el sindicato agrario.

27 septiembre 2017

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha anunciado la presentación de un recurso contra la orden judicial de embargo de los bienes de sus dirigentes, ya que consideran que se trata de una medida "injustificada, desproporcionada y extemporánea".

Con esta orden judicial, UPA-UCE considera que están "suficientemente protegido su derecho a la presunción de inocencia", y mucho más "a la vista de las muchas declaraciones realizadas después del auto dictado en diciembre que ahora se hace efectivo".

Este embargo se enmarca en el proceso judicial abierto a raíz de la operación Tellus para investigar un presunto fraude que habría cometido la organización agraria, cuyos dirigentes,  Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, llegaron a ser detenidos e ingresaron en prisión.

De esta forma se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, quien ha mostrado su "sorpresa" por esta decisión judicial de llevar ahora a efecto, "nueve meses después de dictado el auto", el embargo sobre sus bienes y los de diversos trabajadores y dirigentes de la organización, informa Europa Press.

Una decisión que se toma "habida cuenta las muchas novedades incorporadas a la instrucción" que, según asevera UPA-UCE, "vienen a confirmar que la organización actuó siempre correctamente en la prestación del servicio de asesoramiento y conforme a la normativa que regulaba este tipo de ayudas".

Según ha recordado, fue el 20 de diciembre de 2016, cuando a instancias del Ministerio Fiscal, la titular del juzgado de Instrucción nº 1 de Mérida dictó un Auto de medidas cautelares "requiriendo la aportación de una fianza millonaria", en un momento en que los dos máximos dirigentes de la organización, Ignacio Huertas y Maxi Alcón, se encontraban en prisión provisional.

HECHOS "RELEVANTES" PARA UPA-UCE

Desde este auto, la organización señala que se han producido "hechos relevantes", como el informe que aportó la Junta de Extremadura, a requerimiento judicial, en el que "se ponía de manifiesto que UPA-UCE realizó correctamente los asesoramientos", y que sus expedientes, como el del resto de entidades de asesoramiento, "fueron sometidos a exhaustivos controles administrativos y controles de campo, de los que no se desprendió ningún tipo de irregularidad", señala la entidad.

Recuerda además que en febrero de 2017 se produjo la puesta en libertad sin fianza, acordada por la Audiencia Provincial, de los dos máximos dirigentes de UPA-UCE Extremadura.

Añade que en este tiempo se han producido "numerosas declaraciones" en sede judicial, tanto de técnicos de UPA-UCE como de técnicos de la Junta de Extremadura que realizaron inspecciones de campo sobre los expedientes de asesoramiento, y que venían "todos a confirmar la correcta realización del servicio de asesoramiento", apunta la organización.

También señala que en los últimos días, se han producido nuevas declaraciones, en calidad de investigados, de varios jefes de servicio y jefes de sección de la Junta de Extremadura en las que "ha quedado más ratificado aún, si cabe, que los servicios de asesoramiento se prestaron y que fueron sometidos por la Junta de Extremadura a los controles establecidos por la normativa y la circular del FEGA", y por tanto "siempre ajustados al cumplimiento de la normativa vigente".

"LA SITUACIÓN HA CAMBIADO"

Tras todos estos "hechos relevantes", UPA-UCE entiende que la situación "ha cambiado sustancialmente en los nueve meses transcurridos desde el dictado del auto de medidas cautelares", por lo que hoy "ya no es posible afirmar por instancias policiales ni judiciales que UPA-UCE no prestó los servicios de Asesoramiento y, en consecuencia, aprobar un embargo que da por hecho la inexistencia de dichos asesoramientos".

A juicio de UPA-UCE, esta decisión judicial "vulnera la presunción de inocencia, que en fase de instrucción tiene que respetarse más que nunca", señala la organización en nota de prensa.

"Es incomprensible por otro lado que, pretendiendo garantizar un supuesto perjuicio económico, la Junta de Extremadura teniendo la competencia sobre el mismo no haya realizado reclamación alguna", señala UPA-UCE, que añade que la materialización del auto de diciembre de 2016 "tiene un efecto inmediato y de enorme gravedad", como es "el adecuado funcionamiento constitucional de UPA-UCE se vería seriamente comprometido".

Y es que, según señala UPA-UCE, es organización "tiene encomendadas relevantes funciones de carácter social", cuya actuación ha sido ratificada por miles de agricultores y ganaderos extremeños que "le otorgaron hace sólo unos meses la condición de organización agraria más representativa en el proceso de medición de representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en Extremadura".

En consecuencia, reitera que el "perjuicio" que ocasionaría la "injusta, extemporánea y desproporcionada medida cautelar" tendría consecuencias no sólo sobre la propia UPA-UCE, sino sobre "miles de agricultores y ganaderos extremeños a los que la organización representa, defiende y presta servicios profesionales indispensables para el desarrollo de su actividad".

Por todo ello, UPA-UCE ha anunciado la presentación de este recurso, al entender "desproporcionados" los "efectos negativos que ocasionaría, dado el nivel de conocimiento de la causa que existe en estos momentos".

Finalmente, UPA-UCE ve "improcedente" la exigencia de cubrir garantías por "un supuesto perjuicio inexistente a día de hoy, ya que la Junta de Extremadura no se ha manifestado perjudicada, ni ha reclamado nada, ni ha exigido la aportación de garantías", ha concluido.

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